La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a ocupar este viernes el centro del debate político, con varias comparecencias del Gobierno en el Congreso y nuevas informaciones sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la actuación del Gobierno durante la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha asegurado que actualmente permanecen en Ceuta unas 5.000 personas llegadas de forma irregular, entre ellas alrededor de 1.500 menores. También ha señalado que más de 1.600 policías y guardias civiles se encuentran desplegados en la zona y que se han incorporado 40 agentes de la UIP.
Durante su comparecencia, la oposición ha cuestionado duramente la gestión del Ejecutivo. El PP ha acusado al Gobierno de reaccionar tarde y ha reclamado responsabilidades políticas, mientras Vox ha calificado de «traición» la actuación del Ejecutivo. Junts y otros grupos también han reclamado explicaciones sobre la información que manejaban los servicios de inteligencia y sobre la relación con Marruecos.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la cooperación con Marruecos y ha insistido en que la respuesta debe pasar por la diplomacia y por una política de migración legal. También ha atribuido parte de la tensión generada en torno a la crisis a la difusión de bulos y campañas en redes sociales.
Por la tarde, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno elevará hasta 44,5 millones de euros la ayuda destinada a la respuesta humanitaria en Ceuta. Además, ha asegurado que España solicitó ayuda europea desde el primer momento y ha defendido la actuación de su departamento.
La tensión continúa también fuera del Congreso. Los grupos políticos de Ceuta han firmado una declaración conjunta contra la violencia y han reclamado recuperar la normalidad, mientras el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha descrito la situación como «límite», con consecuencias sobre la seguridad, los servicios públicos, la sanidad y la actividad económica.
Además, once de los doce detenidos por el ataque a una patrulla militar en Benzú han sido condenados a dos años de prisión y expulsados a Marruecos. España también ha solicitado a la Unión Europea apoyo de Frontex y Europol para las labores de triaje de los inmigrantes que permanecen en Ceuta.
Mientras tanto, la Policía investiga a varios radicales marroquíes que habrían entrado durante la avalancha y que, según la información recogida, estarían utilizando las redes sociales para mantener la presión sobre la ciudad y alentar nuevos intentos de entrada.
La crisis, por tanto, continúa abierta un mes después de la entrada masiva, con el Gobierno defendiendo su gestión, una oposición que exige responsabilidades y una Ceuta que reclama soluciones ante una situación que sigue generando tensión.
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